Piden que haya mayor regulación para garantizar la sana competencia
La proliferación masiva de la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb -que cuenta con 10 mil unidades aproximadas en la Isla- podría afectar las operaciones de los paradores locales, si no se regula y audita el alquiler de residencias para vacacionar, así como los diversos sistemas de alojamiento alternativo que operan en Puerto Rico, indicó Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico.
Según explicó a EL VOCERO, las miles de unidades de alojamiento a corto plazo han generado una competencia desleal en la industria y, en el caso de los paradores, mencionó que no pueden competir con los precios que ofrecen. Por ejemplo, Airbnb mantiene una tarifa promedio de $87 por noche en la Isla.
“Este tipo de plataformas ofrecen precios más bajos porque no tienen que cumplir con los mismos reglamentos que regulan a las hospederías pequeñas. Anualmente, hemos estimado que los paradores invierten desde $20 mil a $100 mil en múltiples permisos, patentes, inspecciones, certificaciones de sanidad, entre otras. Si tuvieran que incurrir en esto, estoy seguro de que esos precios no serían rentables”, detalló Ramírez.
El hotelero sostuvo que se vieron obligados a aumentar sus estrategias de mercadeo y cambiar el enfoque para hacer frente a esta problemática. Desde hace cuatro años se han enfocado en atraer turistas extranjeros y han participado junto a la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés), Discover Puerto Rico, en actividades fuera de la Isla para promocionar las hospederías pequeñas.
“Hemos estado invirtiendo sobre 30% de nuestro presupuesto de mercadeo fuera de Puerto Rico. El turista global busca conocer y experimentar la cultura de los lugares que visita y los paradores han estado ofreciendo exactamente eso por más de 45 años. Es la oportunidad perfecta para aumentar nuestras oportunidades”, dijo el también propietario de Combate Beach Resort en Cabo Rojo.
Según los datos de las hospederías que pertenecen a la asociación, estas iniciativas de promoción resultaron en un aumento significativo de huéspedes extranjeros lo que a su vez ocasionó un aumento de ocupación en el 2018. En lo que va de año, han registrado un aumento en precio en ocupación, también potenciado por extranjeros, que es mayor a los números registrados en años anteriores.
“Para poner esto en contexto, este fin de semana de los enamorados, el 100% de los turistas que recibimos en Combate Beach Resort eran globales. Acogimos a huéspedes estadounidenses, canadienses, europeos, colombianos, entre otros”, acotó el empresario.
Asimismo, Ramírez indicó que se preparan para el verano, que suele ser un periodo activo tanto para hoteles, como paradores, Empero, aseguró que el reto durante esta temporada es que aparecen cientos de casas, apartamentos, casas rodantes y parques de acampar, que no operan durante otras épocas del año y que, en ocasiones, no están registradas bajo las diversas plataformas que operan en la Isla.
“La gran mayoría son ilegales. No tienen permiso de uso, ni seguros para este propósito, violan los códigos de zonificación y los reglamentos de los condominios”, dijo el hotelero, quien también agregó que la evasión de impuestos podría sobrepasar los $60 millones, en un sector de la industria que genera ventas de sobre $300 millones.
Sostuvo, además, que el crecimiento descontrolado de las unidades de la plataforma de arrendamiento de corto plazo ha venido acompañado del aumento de “consolidadores” o “anfitriones profesionales” que establecen un hotel virtual, mercadeando las propiedades de terceros a través de diversas plataformas Airbnb, HomeAway, Join a Join, Expedia o Booking. Esto dificulta la fiscalización y los recaudos por concepto de impuesto hotelero.
“Son hoteles ilegales. Algunas de estas personas operan hasta 300 habitaciones que son reservadas por un sinnúmero de plataformas. A veces son los mismos agentes de bienes raíces los que corren estas propiedades que comúnmente son de inversionistas que llegaron a la Isla por la Ley 22. No hay forma de auditarlos, tampoco de saber por cuántas plataformas alquilan el espacio o si los recaudos corresponden a todas esas rentas”, añadió Ramírez.
De acuerdo con datos de la Compañía de Turismo (CTPR), los recaudos para el año fiscal 2017-2018 fueron de $3,250,191 (Airbnb $2,754,836, HomeAway $472,040 y JoinAJoin: $23,315) y el total de alquiler a corto plazo fuera de plataformas totalizó $2,643,897. Mientras, para el año fiscal 2018-2019, el total de recaudos fue $2,913,964 (Airbnb $2,354,804, HomeAway $540,958 y JoinAJoin $18,202) y fuera de plataformas registraron $1,761,960. Ramírez entiende que si existiese una plataforma de medición y auditoría, estas cifras podrían ser mayores.
No obstante, señaló que no están pidiendo la prohibición del alquiler a corto plazo porque, según reconoció, añaden capacidad de hospedaje a una industria que todavía se recupera de los estragos ocasionados por el huracán María.
“Lo que buscamos es que se reglamenten adecuadamente para lograr una competencia justa en la industria, que se garantice la calidad y seguridad de los huéspedes y que se provea al fisco los ingresos necesarios para mercadear el destino. No queremos que se le apliquen los mismos estándares que a los hoteles, pero tiene que haber reglamentación y registro”, sentenció.
