Por Joanisabel González, El Nuevo Día / martes, 29 de enero de 2020

El principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Ignacio Álvarez, reiteró ayer que el número de propiedades reposeídas por la banca y el gobierno federal en el sur de la isla no será suficiente para auxiliar a las personas desplazadas por los terremotos acontecidos este mes, al tiempo que instó a los oficiales de gobierno a tomar acciones concretas que permitan la disposición de miles de edificios y estructuras abandonadas a lo largo y ancho de Puerto Rico.

En una plática con periodistas tras divulgar los resultados del conglomerado para el 2019, Álvarez sostuvo que si bien a la banca se le responsabiliza por el estado de muchas propiedades en la isla, en la práctica, tales inmuebles están inmersos en litigios o permanecen en abandono por sus propietarios, sea por cuestiones de herencia o porque adeudan cantidades importantes en impuestos.

“Un proceso de ejecución en Puerto Rico puede tomar dos años, en ese período de tiempo sería ilegal que el banco entre a la propiedad”, dijo Álvarez al insistir en que la gran mayoría de las propiedades reposeídas en la isla no pertenecen a los bancos sino a entidades federales como FHA, Fannie Mae y Freddie Mac. Estas entidades, aseguró el banquero, tienen sus propios métodos de venta y estos son separados del servicio de administración de préstamos que ofrece la banca.

Popular posee unas 56 propiedades reposeídas en los 16 municipios declarados como zona de desastre a raíz de los terremotos.

El estado de las propiedades reposeídas en la isla, tema que Revista Negocios discutió en profundidad hace una semana, salió a relucir nuevamente, ahora que el gobierno vislumbra varias alternativas para proveer viviendas seguras a las familias que perdieron las suyas durante el evento telúrico que mantiene en vilo a la zona sur de la isla.

Según Álvarez, los desastres acontecidos al sur ponen de manifiesto que es hora de adoptar políticas efectivas para recuperar las zonas y centros urbanos de Puerto Rico, una estrategia que, desde su perspectiva, no ha dado fruto.

Según Álvarez, en lugar de que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) siga insistiendo en la venta de paquetes de deudas contributivas, lo que implicaría vender estos activos por una centavería, Puerto Rico debería explorar -tal como sucede en los estados- que aquellas propiedades que adeudan miles de dólares en impuestos a la propiedad sean vendidas por los municipios a particulares, lo que allegaría dinero a esos ayuntamientos y permitiría que los compradores puedan restaurarlas.

Para Álvarez, el tema inmobiliario en Puerto Rico es solo uno de varios asuntos que urgen atención, incluyendo una red eléctrica confiable y un costo razonable de electricidad.

En ese sentido, el líder de Popular dijo estar “preocupado” con el impacto que tendría el acuerdo propuesto para renegociar parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

De acuerdo con Álvarez, el ejercicio de reestructuración en la AEE podría ser decisivo para la competitividad de la isla, pues a menudo, la factura de electricidad es la partida más costosa en los negocios, al punto de que muchos ya hacen gestiones para desconectarse de la red.

Popular cerró el 2019 con beneficios netos por $671.1 millones, desempeño que sería el mejor en su historia. La gestión supuso un alza de 8% en relación al año anterior.

Álvarez destacó que los empleados de la institución fueron compensados por la gestión anual recibiendo un 8% en su programa de “profit sharing”. La mitad de ese beneficio se habría pagado en efectivo, lo que representaría un mes de salario, considerando la paga promedio en la empresa, explicó el banquero.