Algunos propietarios se han expresado a favor de la reglamentación propuesta porque entienden que ayudaría a mantener el carácter residencial de ciertas zonas como el Viejo San Juan.
Por: Amanda Pérez Pintado, El Nuevo Día / 25 de febrero de 2019
Ante la propuesta del Municipio de San Juan para reglamentar los alquileres a corto plazo en la ciudad capital, varios arrendadores expresaron preocupación por los posibles efectos del proyecto de ordenanza y la manera en que sería implementado.
Para el arrendador José Fraticelli, dueño de cinco propiedades en Santurce que alquila a través de Airbnb y administrador de otras nueve unidades, las restricciones contempladas en el proyecto de ordenanza serían “nefastas” para su negocio, que comenzó hace cuatro años.
Fraticelli precisó que el costo de una nueva licencia y el establecimiento de un impuesto adicional sobre los ingresos generados por la actividad de arrendamiento a corto plazo representarían una carga financiera onerosa.
“Eso nos afecta”, subrayó en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Estaríamos perjudicados”.
Fraticelli se dedica actualmente al negocio de arrendamiento a corto plazo, y es propietario de una compañía de transportación.
A mediados de este mes, la Legislatura Municipal de San Juan presentó el Proyecto de Ordenanza 24 serie 2018-2019, que busca reglamentar los alquileres a corto plazo en la ciudad capital mediante el establecimiento de un proceso de licencias al uso, que tendrían un costo anual de $250 o $500, dependiendo del tipo de propiedad.
Los arrendadores, además, deberían remitir al municipio el 3% del ingreso bruto que generen por concepto de los alquileres. Esto se sumaría al impuesto de 7% que actualmente cobra Airbnb a nombre de los anfitriones y envía a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
El proyecto también limitaría a dos la cantidad de propiedades que el titular puede alquilar y una de las unidades deberá ser la residencia principal del arrendador.
“Ya yo invertí en esas casas. ¿Ahora no podría alquilarlas?”, cuestionó Fraticelli, quien reside en Toa Alta.
Mientras, José Piñol, administrador de 12 cuartos privados y un hostal en Viejo San Juan, señaló que restringir el número de unidades que un propietario puede destinar para el alquiler a corto plazo limitaría el potencial de ingreso de estos individuos.
Mencionó además que los costos de las licencias y las multas propuestas, que podrían ascender a $5,000 diarios, podrían desalentar a inversionistas de comprar propiedades que actualmente se encuentran en deterioro.
Piñol, quien administra propiedades para alquiler a través de Airbnb desde hace seis años, también recalcó que las personas que se hospedan temporalmente en las residencias aportan a la economía local, pues consumen en comercios del área.
“Creo que eso (la reglamentación propuesta) va a tener un efecto en el incentivo económico positivo que está teniendo la visitade estas personas”, opinó.
En última instancia, indicó, un proyecto de ley del Senado que dejaría en manos de Turismo la reglamentación y otorgamiento de permisos a dueños de propiedades a ser utilizadas para alquiler a corto plazo que se encuentren en Zonas de Interés Turístico anularía los efectos de la ordenanza propuesta.
Actualmente, la Cámara alta tiene ante su consideración el Proyecto de Ley del Senado 1010, radicado por el legislador Miguel Romero Lugo, así como una pieza legislativa de la Cámara de Representantes del legislador Eddie Charbonier Chinea que pretende prohibir que los municipios regulen el negocio de alquiler a corto plazo.
Busca un balance
Por su parte, Annett Franke -propietaria de la agencia de bienes raíces Vida Urbana, que trabaja alquileres a largo y a corto plazo y ventas- afirmó estar de acuerdo con implementar reglamentación sobre los alquileres a corto plazo, particularmente en Viejo San Juan, para proteger el carácter residencial de la zona.
“Como ciudadana y como negociante, tengo la esperanza de que ese reglamento traiga un cambio, de que la gente pueda vivir aquí”, expresó Franke, quien reside en Viejo San Juan desde 2003.
En la isla, hay sobre 10,000 unidades de Airbnb y 1,012 de las 4,165 viviendas en el Viejo San Juan son unidades para alquiler a través de la plataforma, según un informe de la firma Estudios Técnicos.
Franke, quien es planificadora urbana y utiliza Airbnb como parte de su negocio, puntualizó sobre la importancia de establecer un balance entre los mercados a largo y a corto plazo. Aseguró, además, que Vida Urbana, empresa establecida en 2007, orienta a sus clientes sobre las ventajas de alquilar a largo plazo y el uso mixto de las propiedades con el fin de mantener espacios disponibles para este tipo de arrendamiento.
“Yo creo en la comunidad y en el balance. Esa es la razón por la que no estoy opuesta a hacer un reglamento”, expresó.
No obstante, en cuanto al proyecto de ordenanza, Franke mostró preocupación por cómo se implementaría la reglamentación propuesta. “¿Cómo van a hacer que todo el mundo se registre? ¿Quién va a controlar esto?”, cuestionó.
